Nuevamente el Valle de Aburrá enfrenta un periodo de lluvias y con ellas aumenta la contaminación del aire. El Área Metropolitana ya tomó unas medidas estipuladas en los protocolos aprobados, que se suman a las estrategias que desde hace varios meses se vienen implementando, como la siembra de árboles, la modernización del transporte público y los controles a los famosos carros chimeneas.

Esas medidas son asumidas por los diez municipios de la región, pero llama particularmente la atención el caso de Itagüí. De inmediato, la Alcaldía emitió un comunicado en el que anuncia su compromiso para preservar la calidad del aire, mientras que centenares de sus habitantes padecen por las calderas de la industria alfarera asentada en el corregimiento.

Las denuncias en redes sociales y que ha hecho este medio de comunicación de desde 2014 no han tenido los efectos esperados. Lo más grave es que esta problemática es la consecuencia de una serie de errores que hoy tiene en jaque a una población que parece haberse acostumbrado a respirar esta nube negra, y a otra que apenas llegó en busca de un nuevo hogar, a luchar por una calidad de vida óptima.

Las ladrilleras y chircales que surten de ladrillos y tejas a todo el Valle de Aburrá funcionan desde mediados del siglo pasado, convirtiéndose en una de las fuentes de empleo más importantes para los residentes de la zona rural de Itagüí. Hasta ahí todo estaba bien, aunque su producción no era amigable con el medio ambiente y los niveles de contaminación eran altos.

El problema aumentó cuando en el 2007 se modificó el Plan de Ordenamiento Territorial del municipio y el uso del suelo en esta zona pasó de ser rural a urbano, haciéndola atractiva para las constructoras. De inmediato las unidades y edificios residenciales aparecieron y los compradores llegaron sin percatarse de sus vecinos.

El POT definía que los nuevos edificios debían cohabitar con las empresas alfareras. Un grave error del que se beneficiaron las constructoras, y el Municipio con la generación de impuestos, mientras que los nuevos habitantes de Itagüí tendrían que soportar las emisiones de gases contaminantes que ya genera consecuencias para niños y demás población vulnerable.

Corantioquia y la Alcaldía de Itagüí aseguran que adelantan los controles para que estas empresas tengan una producción limpia (ver página 3) y las ladrilleras aseguran que han hecho millonarias inversiones para lograr tal cometido. Todo eso hasta hoy es insuficiente. Todos los días y todo el día, los Itagüiseños ven cómo desde la montaña salen espesas columnas de humo de las chimeneas y se esparcen por todo el norte del municipio, de hecho, la estación de medición de calidad del aire ubicada en este sector marca, por lo general, nivel amarillo todo el año.

La esperanza ahora parece ser nuevamente la modificación del POT, pero dependerá de la voluntad política y el coraje de los concejales de Itagüí para tomar cartas en el asunto de manera definitiva. ¿Estarán a la altura del debate? ¿Primará la salud o el negocio inmobiliario irresponsable? El tiempo lo dirá. Mientas eso ocurre, los vecinos tendrán que ser respirando los desechos del ladrillo quemado. ¡Qué horror!