A dos años de gobierno del acalde Federico Gutiérrez, quien ha enfocado su mandato en el tema de la seguridad, Medellín atraviesa una crisis de institucionalidad y gobernabilidad. Las cifras así lo refieren: en 2016 los homicidios se incrementaron en un 6,8% frente a 2015; los secuestros ascendieron a 24 casos; y los hurtos a personas subieron en un 49% y a entidades financieras en un 88,9%.

Las cifras, tomadas del Sistema de Información para la Seguridad y la Convivencia (Sisc) de la Alcaldía de Medellín, muestran la realidad que viven los habitantes de la ciudad. Las bandas siguen imponiendo su control a sangre y fuego como ocurre actualmente en el corregimiento Altavista, donde la comunidad está en medio del fuego cruzado por las disputas entre bandas y combos: Los Chivos, Mano de Dios y Los Pájaros.

A esto se suma la reciente captura de quien fuera el Secretario de Seguridad y Convivencia, Gustavo Villegas Restrepo por, presuntamente, entregar información confidencial para favorecer a integrantes de la estructura criminal La Oficina.

Lo que empieza a quedar en evidencia es que la  publicitada estrategia de seguridad de Federico Gutiérrez ha sido más mediática que real. De esa forma lo da a entender un informe del Observatorio de Derechos Humanos y Paz del IPC.

El estudio del IPC, titulado: “Luces, cámara… ¡Acción! El espectáculo de la seguridad en Medellín: ¿Legitimidad o popularidad?”, plantea que “hay ineficacia en la ruta de acción definida por esta administración municipal, para resolver los problemas de delincuencia, criminalidad y conflicto armado presentes en la ciudad”.

De acuerdo con el informe, uno de los ejemplos más contundentes y reveladores de que la política de seguridad va por mal camino está en lo que ocurre con el centro de la ciudad, Comuna 10 (Candelaria), donde Federico Gutiérrez ha priorizado intervenciones.

En 2016 el centro fue la comuna donde se registraron más homicidios, el 13% de los 533 asesinatos reportados ese año en Medellín, según datos del Sisc. En esa zona, el aumento de las muertes violentas fue del 5,5% con 95 casos, frente a 90 en 2015.

Para el 2017 la tendencia se mantiene. Hasta el 21 junio ocurrieron en el centro 32 homicidios de los 222 que se registraban a esa fecha en la ciudad. Así las cosas, La Candelaria acumula ya no el 13% sino el 14,4% de las muertes violentas de la capital antioqueña.

Lo que concluye el estudio es que así como en el centro, en otras zonas de la ciudad donde se priorizaron intervenciones en seguridad, “los esfuerzos se centraron en una serie de operativos policiales que no lograron revertir eficazmente el incremento de los casos de homicidios: en Castilla se pasó de 47 casos en 2015 a 57 en 2016; y en Robledo, de 43 en 2015 a 56 homicidios en 2016”.

En la investigación sobre los presuntos nexos del Secretario de Seguridad de Medellín con el crimen organizado, la Fiscalía concluyó que “el propósito de Gustavo Villegas era que su empresa no pagara extorsiones a las bandas criminales y que estas agrupaciones se comprometieran a disminuir los índices de criminalidad, con lo cual podría lanzarse a la Alcaldía de Medellín en las próximas elecciones regionales”, expuso el Fiscal del caso durante la audiencia.

Juan Esteban Jaramillo, analista del Observatorio de Derechos Humanos y Paz del IPC, anotó que, de acuerdo con la imputación del ente acusador, los acercamientos de Villegas con La Oficina estaban siendo utilizados para disminuir los índices de inseguridad y controlar bandas y combos bajo sus dominios.

Según el analista, esta actuación “daría cuenta de la pervivencia de una estrategia de vieja data implementada por las alcaldías, consistente en establecer acuerdos entre la institucionalidad pública y el crimen organizado, los cuales terminan reduciendo ciertas formas de coerción y permiten proyectar una imagen de ciudad segura, a pesar de que siguen vigentes e indemnes los controles territoriales ejercidos por el empresariado de la protección violenta en Medellín y el Valle de Aburrá”.

Pero lo que reveló la defensa de Villegas  en una de las audiencias, es que la Alcaldía estaría trabajando en un proyecto de ley que sería presentado al Congreso de la República para acoger y someter a organizaciones criminales. Ante este contexto, propone el estudio, la ciudad no requiere más políticas de securitización centradas en el uso de la fuerza, sino el desarrollo de una política de garantía de los derechos humanos.

Dicha política, debería implementar alternativas de inserción socioeconómica para la población vulnerable, en aras de asegurar el goce efectivo de sus derechos socioeconómicos y prevenir su reclutamiento en estructuras ilegales.  Juan Esteban Jaramillo agrega que “se trata es de generar escenarios formales y legales de mercado, que le resten la potencia que exhiben los mercados ilegales y criminales, dominados por el empresariado de protección violenta, el cual cuenta con una permanente oferta de vinculación a su estructura de la gran masa de población desempleada, que no encuentra otro tipo de opciones”.

Pero contrario ello, concluye el estudio, “la ruta de acción trazada por la administración municipal para el año 2016 ha naufragado; no obstante los niveles de popularidad alcanzados por el alcalde Federico Gutiérrez, la situación de derechos humanos y seguridad se ha deteriorado, obedeciendo su reputación más a una estrategia de mercadeo político y control mediático de la maleable opinión pública, que a reales ejecutorias que logren revertir de manera eficaz y permanente los problemas que aquejan a la ciudad”.

Por: Agencia de Prensa IPC