El parque sin licor, restricciones para el uso de los espacios públicos


Alejandro Calle Cardona

Opinión / marzo 7, 2016

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Gradualmente y de forma coordinada los territorios en Antioquia vienen siendo intervenidos con la implementación de medidas restrictivas que hacen pensar en algunas realidades del orden público departamental en los últimos y convulsionados días.

William Pabón* wapabonc@gmail.com

En lo que va corrido del 2016 y de forma sistemática se viene presentando  la seguidilla de anuncios restrictivos que incluyen en su orden temporal, la implementación de batallones militares urbanos, militares en las cartera de rentas, restricción a parrillero hombre en algunas ciudades, toque de queda para menores de edad y ahora la implementación, o más bien aplicación conveniente de algunos apartes de la famosa ordenanza 18 donde se limita la venta y consumo de licor en los espacios públicos.

Todas las anteriores destinadas a la garantía del control social a través del medio más invasivo y polémico que  es el uso del poder armado de las fuerzas del Estado para el control óptimo de los territorios, sin embargo al ser de aplicación temporal o circunstancial mientras llegan tiempos electorales, las medidas se vuelven en sí ilegitimas porque “todo el mundo sabe que solo es esperar unos días para que a la autoridad se le olvide la drasticidad y todo retorne a su estado natural”.

Frente a este último tema, se espera que ocurra lo mismo que pasó con los toques de queda a menores, los cuales pasaron de una propuesta territorial en  el Oriente antioqueño a una generalizada política de seguridad regional en más de 20 municipios en las zonas urbanas de oriente y el área metropolitana.

La Ordenanza 18 en Itagüí

Entre 2014 y 2015 en Itagüí se realizó la experiencia de implementación de “algunas” de las sanciones incluidas en este documento que data del año 2002, con resultados que hoy merecen ser evaluados y tenidos en cuenta a la hora de implantar de nuevo la medida.

Decir que a noviembre del año pasado la Personería Municipal registró más de 300 quejas entre los años 2013 a 2015 contra agentes de la Policía por acciones como detenciones arbitrarias, agresión a civiles, persecución a jóvenes y abuso de la fuerza, pone en contexto algunos fenómenos que ocurren  paralelos a la ejecución de las medidas y en las que casualmente sigue siendo la población joven y adolescente la coprotagonista en estos hechos.

Larga es la lista de reproducción de videos en la red Youtube que muestran una seguidilla de hechos represivos y gran impacto en los espacios públicos en búsqueda del control al consumo nocturno, en contraste con lo que se puede ver hoy; la suspensión o implementación intermitente de la medida cuestiona la efectividad de ella y sus intenciones al implementarla.

Hablando de la privatización del espacio público ¿Cuál es el formato de implementación en  los establecimientos privados que se lucran del espacio público?

La amenaza de un comparendo pierde su sentido al entender el proceso administrativo que a él concierne, sería muy interesante preguntarle a los inspectores de policía, responsables de la imposición de la sanción con qué frecuencia se impone una multa a un ciudadano y cuántas se hicieron efectivas en el “periodo de prueba” en Itagüí.

La imprecisión de la medida termina convirtiendo al que se toma una bebida energética y hasta un tinto después de cierta hora en un transgresor de la norma

Y si los espacios públicos son el escenario principal de encuentro de los ciudadanos para hacer y pensar, ¿dónde está la promoción del uso y aprovechamiento de los espacios  públicos?  Infortunadamente las moles de cemento vacías parecen ser el escenario preferido de algunos, mejor es ir al centro comercial.

*Defensor de derechos humanos