El fiscal leía, mientras el llanto de tres madres retumbaba en la sala donde no cabía una persona más. El piso 18 del Palacio de Justicia de Medellín estaba atiborrado de periodistas en la mañana del 18 de julio de 2009. Tres jovencitas, dos de ellas menores de edad, habían desaparecido mes y medio atrás, el 29 de mayo, y cuatro policías adscritos a la Estación Itagüí estaban vinculados al proceso penal que se había iniciado por este caso.

Luego de la legalización de las capturas y la tipificación de los delitos, en el juzgado se escuchó el posible paradero de las jóvenes y de un delincuente conocido con el alias de “28”: “Semanas después de las reuniones en la casa de Moncada, le pregunté a mi mayor Manrique por las femeninas y me dijo que a esas viejas y a ‘28’ los habían picado y los habían botado al río Cauca”.

Así decía el testimonio escrito del teniente Juan Gabriel Herrera, quien hacía parte del mismo comando que los implicados y quien fue cobijado con medida de protección a testigos. Esta declaración se convirtió en la principal prueba de la Fiscalía para que cuatro policías fueran llevados a la Cárcel Nacional Bellavista con cargos imputados de desaparición forzada agravada, concierto para delinquir agravado y hurto calificado y agravado.

Las bandas de La Unión y La Raya se enfrentaban en Itagüí, mientras el mayor Luis Augusto Manrique, en aquel entonces comandante de la Policía de ese municipio, era acusado de ponerse del lado de uno de los bandos criminales.

 “Le digo mucho al Señor: si a mi niña me la mataron, muéstrenos la fosa; y si está viva, tráigamela en sus hombros, pero tráigamela”, dice Beatriz Saldarriaga, madre de Jennifer Puerta. Pasaron 10 meses antes de que la familia Puerta Saldarriaga decidiera cambiar su domicilio. Ellos vivían en La Estrella al momento de la desaparición de Jennifer. Los días pasaban, de la joven no se sabía nada, y don Albeiro se refugiaba en la habitación vacía de su hija a llorar su desventura.

“Estuvimos a punto de dejarnos luego de 25 años de matrimonio. Recién pasó la desaparición de Jennifer, mi esposo intentó matarnos dos veces en el carro. A mí me daba miedo montarme cuando él manejaba porque decía que no merecíamos vivir sin la niña y empezaba a mover la cabrilla bruscamente. Hasta que le dije que jamás me volvería a subir en ese carro, que se matara él”, explica Beatriz, a la que a veces se le quiebran los ojos, nunca la voz.

“Mi corazón me dice que Jennifer está viva. A veces pienso que las vendieron a una organización de trata de blancas o a la guerrilla. El abogado nos dijo que nuestras hijas fueron vendidas en 600 millones de pesos; eso fue lo que le dieron al mayor.

Jennifer se graduó de bachiller en 2008. Con 18 años cumplidos el 20 de mayo de 2009, administraba el negocio que tenía su padre e iba a estudiar inglés el segundo semestre de ese año: el martes 26 de mayo le había llevado la cotización del curso a su mamá. El viernes 29 de mayo, desapareció.

Según las investigaciones, la joven fue invitada por Diego Alejandro Mejía Parra, alias 28 (a quien conoció el mismo día) a ver un partido de fútbol, en compañía de otras dos jovencitas al municipio de Sabaneta. Metros más adelante, fueron interceptados en un retén de la Policía y entregados a hombres al servicio de Jesús David Hernández Grisales, alias “Chaparro”, antiguo cabecilla de “La Oficina”. 

El pasado 25 de mayo el Juzgado 4 Penal del Circuito Especializado de Medellín condenó al teniente Camilo José Pérez Parrado, a 37 años de prisión, y los patrulleros José Luis Moncada Ruíz y Alex Fernando Flórez, sentenciados a 19 años de cárcel. Ya  el mayor Manrique Montilla había sido condenado a 28 años de cárcel. Pese a las condenas, aún no se conoce la suerte de Yudy Alejandra Castillo Mira, Laura Cristina Echeverry García y Jenifer Puerta Saldarriaga.
 
Como ellas, cientos de personas continúan desparecidas en el valle de Aburrá, por lo que la ONG Oh No Hábitat, promueve una reflexión a través de 1270 maniquís, cifra similar al número de personas reportadas en la Fiscalía en los últimos cuatro años. Sergio Restrepo, director cultural de Otraparte, asegura que con ello se busca que la ciudadanía no olvide a quienes aún no regresan a casa y a sus familias que las esperan.

“En Medellín continúa la desaparición forzada y Envigado, así como el resto del sur del valle de Aburrá, no es ajeno a ello, producto del accionar criminal de la banda ‘la oficina’, la cual ha llenado de dolor a cientos de familias”, indicó Restrepo, tras el performance realizado en el parque principal de Envigado.

Al otro lado del valle, en la comuna 13 de Medellín, decenas de personas reclamaron una vez más que se suspendan los trabajos en el sector de La Escombrera para permitir que la Fiscalía busque por fin a las 92 personas que continúan desparecidas después de las operaciones militares Mariscal y Orión de 2012, y que se presume, varias de ellas están enterradas en este lugar.

El flagelo de la desaparición forzada continúa, el dolor y zozobra de sus familias persiste, pero la indiferencia de la ciudadanía aparece con el tiempo, aumentando una tragedia que no se puede permitir.

Por: Carolina Ospina Foronda

Foto: Edwin Bermúdez/ Oh no, hábitat

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