Mientras las autoridades ambientales y las alcaldías avanzan en programas para mejorar la calidad del aire, las  chimeneas de las 24 ladrilleras, chircales y tejares ubicados en Itagüí continúan emitiendo negras y espesas nubes de humo.

La situación para los habitantes de la zona rural como El Ajizal o Los Gómez y las urbanas como Guayabalía y Viviendas del Sur, se hace cada vez más insostenible. Lo paradójico es que varios de estos sectores se convirtieron en los nuevos polos de desarrollo urbanísticos y allí se levantaron unidades residenciales, donde sus nuevos propietarios no se imaginaban lo que les esperaba.

Andrés*, quien solicitó modificar su nombre y quien vive en el sector desde diciembre, asegura que las noches y madrugadas son una tortura por cuenta de los hornos de estas industrias que surten de ladrillos y tejas al Valle de Aburrá.

“Por la noches el humo es impresionante porque los hornos trabajan a toda máquina. La madrugada también es bastante complicada, muchas veces el sector es nublado pero de humo negro, la gente se está enfermando, las casas son sucias y ya algunos inquilinos desocuparon”, relata bastante preocupado.

Aunque varios vecinos han acudido a la Secretaría de Medio Ambiente de Itagüí y a Corantioquia, autoridad ambiental en la zona rural del municipio, aseguran que no han recibido una solución definitiva. “Ambas entidades se tiran la pelota y eso es muy triste. Lo peor es que hemos averiguado y algunos no tienen autorización pero siguen funcionando”, dice Andrés.

CIUDAD SUR, quien ya había denunciado esta problemática en 2015, buscó nuevamente de manera insistente conocer la opinión de la Alcaldía de Itagüí, pero al cierre de la edición no fue posible. Por su parte, Corantioquia explicó si bien se adelantan procesos sancionatorios y control de emisión de gases contaminantes, es el Municipio el que define el uso del suelo del territorio. Es decir, solo a través de la modificación del Plan de Ordenamiento Territorial se podría definir la salida de estas industrias, tal y como lo exigen los viejos y nuevos habitantes del sector.

Pero esta posibilidad parece lejana. Primero por tradición, puesto que muchas de las ladrilleras, chircales y tejares llegaron a la zona en la década de 1980, antes de que se conformaran los barrios. Además, la generación de empleo, incluso de los mismos vecinos, complicaría la toma de decisión desde la Alcaldía y el Concejo Municipal.

Por ahora, Sandra Osorio, Jefe de la Oficina Territorial Aburrá  Sur de Corantioquia, explica que si bien algunas de estas industrias no necesitan permisos para la emisión atmosférica debido a su nivel de producción, las 24 empresas tienen que presentar el control de dichas emisiones a la autoridad ambiental.

Esto ha provocado que Corantioquia adelantara doce procesos sancionatorios (6 a tejares, 5 a chircales y uno a ladrilleras), la suspensión de algunas de ellas y la imposición de 50 multas por un valor cercano a los 326 millones de pesos. Sin embargo, ninguna ha sido cerrada de manera definitiva.

“Sabemos de las preocupaciones de la comunidad pero normalmente estas empresas cumplen con los niveles de emisión. Este año hemos atendido 25 denuncias que nos ha permitido atender y adelantar procesos de investigación y sancionatorios”, aseguró Osorio.

La funcionaria advirtió que las calderas de la industria ladrillera funcionan 24 horas al día los siete días de la semana para evitar retrocesos en su producción, pero que ya algunas han implementado sistemas a gas, lo que disminuye notablemente las emisiones.

“Son los municipios los que restringen los horarios de funcionamientos de acuerdo al uso del suelo y su clasificación en el POT. Nosotros como autoridad ambiental nos regimos por eso y a partir de allí, ejercemos el control”, aclaró la directora territorial sur.

Como si fuera poco, las volquetas y vehículos que transportan los ladrillos también hacen de las suyas. “A veces suben 15 o 20 y dejan la cuadra hecha humo, pero lastimosamente ya nos acostumbramos. Ojalá hagan algo porque mire cómo estamos”, lamentó Gabriel Restrepo, habitante del barrio El Guayabo, uno de los ingresos a la vereda Los Gómez.

Andrés y sus vecinos no pierden la esperanza de que sus apartamentos recién comprados no se vayan a convertir en la peor inversión de sus vidas. Pero aseguran que convivir con una fuente de contaminación tampoco está entre las posibilidades. Esperan una solución definitiva: “o que cambien su proceso de producción o que se vayan a otro lado, pero así no se puede vivir”.

POR ALEJANDRO CALLE CARDONA