Las jóvenes venezolanas recorren los municipios del sur del Valle de Aburrá en compañía con sus pequeños hijos, en busca de ganarse el sustento y sobrevivir en un país que no es el suyo. Más de mil mujeres de este país han dado a luz en nuestra región, aumentando una problemática que está desbordando a las autoridades.
POR ALEJANDRO CALLE CARDONA
El éxodo de venezolanos se recrudece con los días producto de la grave crisis política, social y económica que ha obligado a más de 4 millones de venezolanos a abandonar su país. De ellos, un millón 261 mil han llegado a Colombia, pero la cifra seguirá en aumento.
La situación humanitaria es crítica en la frontera. Miles de niños y adultos intentan huir y pasar el puente Simón Bolívar que comunica con la ciudad de Cúcuta, pero otros tantos caminan durante días arriesgando sus vidas para atravesar las peligrosas trochas. No todos lo logran. Norte de Santander, La Guajira, Bogotá y Antioquia se convirtieron en los lugares de mayor recepción de migrantes regulares e irregulares.
“En Antioquia habitan 21.850 ciudadanos venezolanos”
Según la Personería de Medellín, “un alto número de ciudadanos venezolanos se dedican a trabajos informales, más que todo a servicio de alimentación, belleza, restaurantes y servicio doméstico, donde se observa personal con estudios universitarios en campos profesionales como: médicos, abogados, ingenieros, contadores, tecnólogos”. Cualquier oficio sirve para sobrevivir.
Otros, en cambio, invirtieron su capital económico en negocios y generan empleo, pero a otros tantos, con menos recursos, se les ve en los semáforos y andenes vendiendo dulces o pidiendo ayuda con carteles que hacen recordar la reciente historia de los desplazados por el conflicto nuestro.
La situación ha puesto en aprietos a las autoridades locales y regionales por la falta de recursos para la atención de esta población en educación, salud, empleo y vivienda. Solo en Medellín viven 13.459 niños venezolanos y se estima que al menos el 25% están desescolarizados.
LOS PEQUEÑOS APÁTRIDA
A media cuadra del parque principal de Itagüí se ve a Mirta*, una joven de 23 años, sentada en un andén. Con una de sus manos sostiene un pequeño tarro de plástico repleto de chicles y dulces, mientras que con la otra mueve el coche donde duerme su pequeña bebé a quien llamaremos Valentina.
La pequeña nació hace solo tres meses y pasa los días en la calle acompañando a su madre que trabaja para recolectar los diez mil pesos que ayuden con los gastos del hogar: arriendo, alimentación y servicios públicos, lo básico porque solo para eso alcanza. Valentina fue procreada en Itagüí y nació en Envigado. Fue un baldado de agua fría para sus padres.
“Nosotros salimos de Venezuela hace un año porque la situación estaba muy dura, ya no había cómo comprar comida y por eso me vine con mi novio para Medellín. A los dos meses me di cuenta que estaba en embarazo y fue muy duro, no nos cuidamos y eso obviamente complicaba todo”, dijo la mujer que viajó desde La Guaira, en Caracas, durante tres días.
La estadía no ha sido fácil, pero la joven pareja – su novio tiene 24 años- nunca pensó en abortar, por el contrario, la pequeña se convirtió en una motivación para seguir y formar una familia en una ciudad desconocida y por momentos agreste. Se radicó en el barrio Las Margaritas de Itagüí y los controles durante el embarazo los recibió en el Hospital del Sur, en el que no tuvo que pagar, “siempre me trataron muy bien, solo tengo agradecimiento para ellos”.
No hubo tiempos para licencias de maternidad, había que salir nuevamente a la calle a trabajar. “Los dos salimos a ‘confitiar’ porque no hemos podido conseguir otro trabajo pese a que tenemos todos los papeles. Al inicio nos iba bien pero ya somos muchos y el dinero cada vez menos, pero en Venezuela estábamos peor”, dice Mirta.
La imagen se repite en cada calle, en cada acera por donde se camine. Por lo menos mil mujeres venezolanas han dado a luz en el Valle de Aburrá, “lo que es una problemática muy compleja porque muchas de ellas llegaron de manera irregular y eso dificulta su atención. Además sus hijos no pueden acceder a la nacionalidad colombiana y tampoco tienen la venezolana. Entonces son niños apátridas”, explicó Toni Vitola, líder y vocero de la comunidad venezolana en la capital antioqueña.
JUEGOS CALLEJEROS
A pocas cuadras está Yanlier* con sus dos pequeños hijos de 2 y 5 años. El más pequeño duerme en sus brazos, mientras Jacobo juega en un pedazo del andén con su arma todo, bajo la supervisión de su madre, que también se gana la vida vendiendo dulces.
La mujer de 24 años llegó a la ciudad en julio del año anterior, unas semanas después de que su esposo lo hiciera de manera irregular. Ambos tenían trabajos estables, pero el salario de 5 millones de bolívares no alcanzaba ni para comprar un kilo de queso que costaba 7 millones.
Viajaron durante más de tres días desde Maracai, para pasar por San Cristóbal y San Antonio del Táchira hasta llegar al corregimiento El Manzanillo, zona rural de Itagüí. Jacobo, por suerte, encontró cupo en un colegio, en el María Josefa Escobar, pero anda en vacaciones, las que tiene que pasar acompañando a su madre.
“Es triste verlos ahí, en la acera, pero es mejor esto que aguantar hambre como lo hacíamos en nuestro país. Lo que nos preocupa es que están llegando muchos más y las cosas se están poniendo más críticas para nosotros, porque algunas personas ya nos insultan. Ya muchos se han ido para otras ciudades para evitar problemas”, dijo Yalier.
Pero no ha sido lo único que tienen que soportar estas mujeres. A lo difícil del clima y sobrellevar una maternidad en la calle, se suma que en ocasiones tienen que salir corriendo para hacerle el quite a los funcionarios de espacio público, quienes no permiten las ventas callejeras, y evitar que les quiten los dulces.
Ambas sueñan con regresar a su país, pero esa idea la ven lejana, no creen en un cambio y prefieren seguir guerreándola en Colombia. “Yo extraño todo, mis papás, mis amigos. Quiero que mi hija crezca en mi país, aunque nació acá y es acá donde tiene un mejor futuro por ahora”, asevera Mirta.
A pesar de la gravedad de la situación, los municipios no cuentan con un presupuesto amplio y le exigen al Gobierno Nacional recursos. Como si fuera poco, CIUDAD SUR consultó a los concejos municipales de Itagüí y Envigado para conocer si la problemática ha sido abordada en sesiones pero ninguno de los dos ha adelantado debates sobre el tema.
*Nombres modificados por solicitud de los personajes.
Así es la situación de los venezolanos en el Aburrá Sur
ITAGÜÍ
En Itagüí las cifras oficiales no concuerdan. Según reportes de Migración Colombia hasta febrero de este año, en este municipio habitan 3.415 venezolanos con permiso especial. De estos, 90 son menores de 7 años y cien entre los 8 y 17 años de edad. Pero según Jairo Madrid Gil, Jefe de Núcleo de la Secretaría de Educación de Itagüí, la población de estudiantes venezolanos ha tenido un incremento desbordado. En 2016 solo se matricularon 15 niños y jóvenes; en 2017 la cifra aumentó a 115, en 2018 a 317 y solo en los primeros meses del 2019 ya son más de 900 estudiantes.
“Todo niño que llegue al municipio debe solicitar cupo a la secretaría de Educación donde se verifican todos los datos, se adelanta la prueba para la homologación y se ubica en una institución educativa. Obviamente esto implica un esfuerzo de recursos porque hacen uso de los restaurantes escolares y demás beneficios”, explicó el funcionario.
ENVIGADO
En este municipio hay registro de 2.700 venezolanos, pero la Alcaldía aclara que muchos ciudadanos provenientes de este país no se censaron por temor a que los deportaran, “por esto no existe una información real frente a esta población”. Por ello se creó una mesa de trabajo para atenderlos, encabezada por la Personería de Envigado, entidad está elaborando un protocolo para la intervención a esta población.
“La oferta institucional se les ofrece de manera interdisciplinaria por parte de la Alcaldía de Envigado, donde participan las secretarías de Salud, Educación, Seguridad y Convivencia, Desarrollo Económico, Bienestar Social y Comunitario, y la Oficina de Gestión del Riesgo, pero a esta oferta únicamente pueden acceder los venezolanos que cuenten con el Permiso Especial de Permanencia”, explicó Carmen Cecilia López Valderrama, Jefe de la Oficina de Gestión del Riesgo.
SABANETA
En Sabaneta hay 367 niños que estudian en las instituciones educativas públicas. La principal problemática, según las autoridades locales, es adelantar las matrículas puesto que en Venezuela no les entregan la documentación para respaldar y validar el grado académico.
CALDAS
Este municipio, por su ubicación y geografía en su mayor parte rural, recepciona gran cantidad de migrantes. “La situación es muy compleja porque diariamente nos llegan decenas de venezolanos y si no tenemos recursos para atender a nuestra comunidad, mucho más complejo es destinar recursos para ellos. Además se están asentando en zonas de alto riesgo donde son vulnerables a emergencias por el invierno como las que estamos viviendo. Ojalá el Gobierno Nacional tome medidas”, dijo el alcalde Carlos Durán.
