El centro penitenciario La Paz de Itagüí se convirtió en uno de los focos de contagio de coronavirus en Antioquia con cerca de 400 casos. Aunque más de 170 se han recuperado, los vecinos siguen padeciendo las consecuencias de tener en el barrio una cárcel que los encerró.

POR ALEJANDRO CALLE CARDONA

El barrio San Francisco es el último rincón de Itagüí al suroccidente de este municipio. Limita con San Antonio de Prado y sus primeros habitantes llegaron en la década de 1940.

La vida transcurría como en cualquier barrio en crecimiento, pero en 1989 cambió todo. El gobierno local decidió construir en la parte alta la cárcel municipal para recluir allí los sindicados de delitos. En 1994 la pequeña cárcel le fue entregada al Gobierno Nacional junto con los lotes vecinos y allí comenzó una trágica historia de segregación.

Decenas de familias tuvieron que vender sus casas por precios irrisorios, muchas de ellas se desplazaron a otros barrios y a otras el poco dinero solo les alcanzó para subsistir por algunos meses.

En la terraza de la casa por la cual paga arriendo, a sus 72 años don Ediberto Arboleda recuerda aquella época. Señala con su mano derecha la cárcel, donde antes estaba su casa, la propia, de la que era dueño y de la que solo queda un leve y nostálgico recuerdo. “Nos sacaron de las casas, nos tumbaron con la plata y solo nos trajeron violencia y dolor”, dice.

Y no es para menos. El país sufría por cuenta de la guerra contra los carteles del narcotráfico y el Estado buscaba todas las formas para acabar los ejércitos de Escobar y los Ochoa. Las negociaciones terminaron en la reclusión del primero en la cárcel La Catedral de Envigado y de los segundos en la que fue denominada Cárcel de Máxima Seguridad de Itagüí.

Iniciando la década de 1990, los Ochoa, una de las familias más peligrosas del país, llegaron a la cárcel del barrio y con ellos, también los excesos, el dinero, la degradación y la muerte. Las caravanas de camionetas blindadas era pan de cada día, algo extraordinario para niños y jóvenes, quienes solo las veían a través de la televisión.

Los más pequeños se convirtieron en los encargados de lavar los lujosos y extravagantes carros, otros en mensajeros y mandaderos y los más grandes fueron reclutados para ser los nuevos dueños de las plazas de vicio, de las mujeres, del barrio. Todos querían ser los preferidos de los patrones y para lograrlo estaban dispuestos hasta asesinar a sus vecinos y viejos amigos de juego.

Las más jovencitas del colegio El Concejo, ubicado al frente de la cárcel, eran llevadas a las celdas para cumplir con los deseos sexuales de los nuevos inquilinos, quienes pagaban entre 200 y 300 mil pesos, toda una fortuna en aquellos años, a tal punto que las mismas jóvenes se ofrecían.

“Muchas sacaban carteles por las ventanas de los salones pidiéndole a esos señores que mandaran por ellas. Ponían el teléfono de la casa, era impresionante y muy triste”, cuenta Farbelly, a quien también le llegaron los ofrecimientos que rechazó.

Como si fuera poco, sus habitantes parecen estar incomunicados con el resto del mundo. Por el bloqueo de la señal de telefonía en zonas cercanas a los centros penitenciarios, hacer una llamada o conectarse a internet en este barrio es toda una odisea. “Aquí es imposible recibir o hace una llamada local o al exterior. Lo más cómico es que los que están adentro sí lo hacen y muchos siguen haciendo de las suyas por teléfono”, contó don Edilberto.

HACINAMIENTO Y CORONAVIRUS

Los delitos aumentaron y con ellos los condenados, pero no pasó lo mismo con los cupos en las cárceles del país. La de Itagüí no fue ajena al problema de hacinamiento. Los ocho pabellones fueron construidos para una capacidad de 375 internos y hoy albergan más de 1200 que duermen amontonados en celdas y pasillos.

Con la llegada del coronavirus a Colombia, el temor entre los detenidos fue evidente y algunos pedían que les otorgaran la libertad para, según ellos, evitar el contagio. El primer caso se confirmó el 25 de junio, se trató de un guardián del Inpec encargado de recibir los alimentos que las familias le llevan a los internos y de inmediato se prendieron las alarmas debido a su contacto con los presos. Pese a que las autoridades aseguraron que se realizó el cerco epidemiológico, el virus se propagó de inmediato, producto del contacto estrecho y las pocas condiciones de salubridad.

En tres semanas la cárcel pasó a tener cerca de 400 personas contagiadas (haciendo que las cifras en Itagüí se duplicaran) y el miedo traspasó las rejas, puesto que los guardianes tenían contacto con algunos habitantes del barrio San Francisco o incluso, vivían en él. «Nadie hizo nada por evitar el contagio. Las autoridades de salud y el Inpec fueron indiferentes frente a la necesidad de realizar pruebas y dejaron en riesgo a toda la población recluida y a los funcionarios con enfermedades excepcionales, que son obligados a seguir laborando pese a la situación actual”, declaró el dragoniante Luis Pinzón, presidente de la organización sindical, el 7 de julio.

La Alcaldía de Itagüí entró a apoyar las labores de contención del brote con la realización de pruebas, aunque según explicó la Secretaría de Salud local, esta era una responsabilidad del Inpec. Una semana después, el 16 de julio, se reportó el primer interno contagiado fallecido, por lo que el alcalde José Fernando Escobar le envió nuevamente una carta al Ministerio de Justicia para que, de manera urgente, atendiera la situación y evitara una tragedia.

Los pabellones 4 y 6 de la cárcel fueron aislados para evitar que el Covid19 llegara a los otros seis pabellones. Los internos de uno de los patios recibieron más televisores para evitar aglomeraciones en el salón comunitario.

La tan esperada visita de la Ministra de Justicia, Margarita Cabello, se dio solo hasta el pasado 25 de julio y tras una reunión con el alcalde Escobar, anunció la construcción de tres nuevos pabellones especiales con 510 nuevos cupos. “La obra ya está adjudicada y esperamos que en el primer semestre del próximo año esté lista, con lo que se espera reducir el hacinamiento, puesto que La Paz tendría capacidad para 885 personas”, explicó el alcalde de Itagüí.

Por su parte, el personero Municipal, Jhon Jairo Chica Salgado, explicó que desde el Ministerio Público se entregó al menos 285 solicitudes de libertad condicional de internos que están próximos a cumplir su condena. “El Ministerio de Justicia nos podría dar respuesta esta misma semana, teniendo en cuenta que estas personas podrían terminar su condena en su casa. Esto es solo para quienes cumplan con los requisitos expuestos por el Gobierno Nacional”, explicó.

Más de 170 detenidos ya se han recuperado y la cifra de pacientes activos se redujo a 230. El famoso pico de contagio parece haber pasado ya al interior de las celdas, aunque el temor de un rebrote sigue latente.

LA INVASIÓN

Los habitantes de la cárcel de máxima seguridad no eran el único problema. El Inpec, que administra la cárcel, nunca se preocupó por los lotes que adquirieron junto al centro de reclusión. Poco a poco la ladera de la quebrada La Limona fue invadida y hoy, según el alcalde José Fernando Escobar, habitan al menos 120 familias en casas de madera construidas en pequeños lotes que fueron vendidos por grupos delincuenciales de El Limonar.

“Hemos sido víctimas de un descuido y abandono histórico de todos los gobiernos municipales de Itagüí y la desidia del Gobierno Nacional. Nos trajeron una cárcel, la violencia, dejaron que invadieran nuestro territorio y nadie hace nada”, explicó Nelson Acevedo, exconcejal de Itagüí, quien creció y aún habita en el barrio San Francisco.

Según el alcalde de Itagüí, en la reunión con la Ministra de Justicia se solicitó la devolución del lote para recuperarlo. “El director del Inpec se comprometió en iniciar de inmediato el proceso, lo que nos permitirá en poco tiempo intervenir esta invasión, recuperar la cancha y el lote para el Municipio. Ya tendríamos que mirar si reubicamos a estas personas”, explicó.