Al escuchar que el remate del lote donde se debieron construir sus viviendas se cancelaba al no existir oferente, las 200 familias del proyecto Villas Quintana de Itagüí estallaron en llanto y felicidad. Aunque han pasado más de 8 años, la constructora no responde por los dineros aportados ni por las casas prometidas.

En 2010, Efraín Sepúlveda Villada conoció el proyecto Villas Quintana por cuenta de uno de sus titulares, de inmediato fue contactado por Fernando Quintana, líder de la construcción y candidato en ese entonces para el Concejo de Itagüí.

“Me prometió que en menos de un año iba a tener vivienda, lo único que tenía que hacer era sacar mis intereses de las cesantías, unos 13 millones de pesos y los cuales fueron girarlos a la constructora. A los tres meses me dio el contrato de compraventa del apartamento 103 bloque 1”, relató Efraín.

Sin embargo pasó el tiempo y en el lote adquirido nunca iniciaron las obras, al punto que en diciembre de 2014 la licencia de construcción se venció y al no contar con avances, esta no podía renovarse. “Cuando intentamos hablar con él, siempre salía con excusas y mentiras. Hace cuatro meses nos prometió devolver la plata y nada”, lamentó el habitante del barrio Las Acacias.

La historia de Efraín la sufren 200 familias afectadas por el proyecto Villas Quintana, así como 160 de San Miguel Arcángel y 240 de Santa Marta, ambos proyectos impulsado por la actual diputada Ángela María Cano, quien se encuentra inmersa en una investigación. Incluso el Juzgado 27 Penal Municipal de Medellín le dictó medida de aseguramiento por su presunta responsabilidad en los delitos de concierto para delinquir, estafa agravada, gestión indebida de recursos sociales y urbanización ilegal.

Según la Fiscalía, desde el 2006 habrían desaparecido alrededor de 3.000 millones de pesos sin que las personas recibieran la casa por la cual pagaron. Sin embargo, la diputada y su yerno Carlos Andrés Moreno, representante legal de la firma Corvida, se declararon inocentes.

Aunque los 600 afectados de estos tres proyectos reclaman una intervención de la Administración Municipal, Jorge Eliécer Echeverri, secretario Jurídico de la Alcaldía, aclaró que al ser proyectos privados, “la Alcaldía no puede hacer nada”.

El Concejo Municipal, así como la Personería de Itagüí acompañan a estas familias en una posible solución, a la espera de que la investigación que adelanta la Fiscalía les permita por lo menos recuperar los dineros invertidos. Por lo pronto Efraín continuará pagando 400 mil pesos de arriendo y lamentando el día en que invirtió sus ahorros en lo que podrían ser una de las mayores estafas en Itagüí.

Alejandro Calle Cardona

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