Irreverencia, representación de lo significativo, pasiones, desamores o por simple moda. Los tatuajes se hacen más visibles en todos los círculos sociales y su tinta llega a la piel de hombres, mujeres, negros, blancos, profesionales, criminales, desempleados y a punto de serlo, incluso, por llevar uno de estos.

Aunque la falta de denuncia impide que se tenga un registro de casos en los que empresas rechazan una solicitud de empleo si el aspirante lleva un tatuaje, es una realidad innegable, al punto de que uno de los procedimientos más consultados en los estudios de tatto es el borrado de su arte corporal, al considerar que este es el principal motivo de la no vinculación laboral.

Investigadores de la Escuela Nacional Sindical y la Personería de Medellín, aseguran que no se tiene registro alguno de este tipo, pero que sí se conocen varios casos. “La discriminación social para las personas que tienen modificaciones corporales llega al ámbito laboral que por estereotipos de imagen desconocen las capacidades humanas y profesionales de las personas”, indicó Diego Bermúdez, investigador laboral de la Personería de Medellín.

Aunque en sectores como el de servicios y el bancario, estas restricciones, en caso de ser visibles los tatuajes, suelen aparecer con mayor frecuencia, el boom en los últimos diez años de esta práctica ha producido que ya sea normal encontrar médicos, abogados e ingenieros con tatuajes que antes eran casi que exclusivos para diseñadores, artistas y modelos.

Según Sebastian Duque (Duke Tatto), desde el 2001, con la llegada y facilidad de adquirir nuevos insumos en Medellín, el tatuaje se expandió por todo el Valle de Aburrá. “Los programas de televisión sobre tatuajes ayudaron a cambiar la percepción sobre este arte que antes era asociado con la criminalidad; ya se ha ido ganando más espacios pero aún falta mucho”, asegura Duke.

Ante esto, la tatuadora de Itagüí, Genni Mayorga (Tabú Estudio), lidera la marcha ‘Por el derecho al trabajo a personas tatuadas o modificadas’, la cual se realizará este sábado 23 de marzo en Medellín bajo el eslogan “Mi capacidad no está tatuada ni perforada, se demuestra”.

“No tiene sentido que se discrimine a alguien por tener un tatuaje cuando éste es usado por profesionales en todas las ramas pero que por temor a ser rechazados o despedidos, los tapan. Lo que queremos es hacer un llamado a que se valore más las capacidades como persona y trabajador que su aspecto físico, teniendo en cuenta que el tatuaje es un arte tan respetable como cualquier otro”, expresó Genni.

Y es que esta técnica no solo es utilizada para dibujar sobre la piel, sino también como maquillaje permanente e incluso para ocultar cicatrices o heridas. “Lastimosamente las consultas para borrar tatuajes están aumentando y acuden a soluciones que no son recomendables por el afán de conseguir trabajo”, advierte Genni, motivo por el cual organiza la marcha “para exigir el respeto a las libertades personales”.

La iniciativa ya cuenta con más de 1.500 seguidores en Facebook y se espera que por lo menos 5.000 personas acudan al Teatro Pablo Tobón Uribe en su primera versión. La cita es el sábado 23 de marzo a las 3:00 de la tarde.

 

Rechazo mundial

A través de la página en Facebook ‘No a la discriminación laboral por tener tatuajes’, los más de 182 mil seguidores en todo el mundo, especialmente en Latinoamérica, expresan su rechazo a la discriminación laboral presente en varios países pese a que en algunos de ellos exista legislación para evitarla.

En México, la presidenta del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación, Jacqueline L´Hoist, reconoció en noviembre pasado que en la capital de aquel país prevalece la criminalización hacia las y los jóvenes tatuados, por lo que impulsó la campaña ‘Tatuajes por la Igualdad’, para eliminar el estigma que padece esta población.

Incluso, instó al cumplimiento del artículo 5 de la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación del Distrito Federal, el cual establece que discriminar a las personas que usan tatuaje puede llevar a un proceso penal y condenatorio. En Colombia, según la Escuela Nacional Sindical, no hay legislación para proteger esta población, lo que hace que sea más fácil vulnerar sus derechos.

 

Alejandro Calle Cardona

periodicociudadsur@hotmail.com