El Centro Industrial del Sur, o El Guacal como es conocido, tiene un nuevo tropiezo en su intención de recibir y aprovechar los residuos sólidos de 23 municipios antioqueños, entre ellos Envigado que es su administrador y demás localidades del sur del Valle de Aburrá.

El Consejo de Estado declaró nula la Resolución 7529 del 12 de enero de 2005 en la cual Corantioquia le otorgó la licencia. Aunque según la entidad ambiental “la decisión del alto tribunal no pone en tela de juicio la rigurosidad de los asuntos ambientales tenidos en cuenta en dicha licencia, decide anularla por un proceso netamente procedimental relacionado con unas actuaciones del 2003 y 2005”.

En su momento Corantioquia otorgó licencia ambiental al proyecto Centro Industrial del Sur, que está a cargo de EVAS – ENVIAMBIENTALES S.A en año 2005, en medio de urgencia para encontrar soluciones a la disposición final de los residuos sólidos generados en el área metropolitana y así evitar el riesgo de una posible emergencia sanitaria y ambiental, debido a la alerta de Empresas Varias de Medellín E.S.P de una eventual suspensión de operaciones en el relleno sanitario La Pradera.

Sin embargo, la decisión del Consejo de Estado no afectará la prestación del servicio público de aseo debido a que actualmente El Guacal no se encuentra disponiendo de residuos sólidos desde el 11 de octubre de 2015, luego de que el vaso norte alcanzara la capacidad máxima según diseño inicial proyectado y se encuentra en plan de cierre y abandono.

Cabe recordar que El Guacal ha generado una inmensa polémica en San Antonio de Prado donde su comunidad ha adelantado diversas protestas exigiendo su cierre definitivo, producto de los líquidos lixiviados arrojados por los vehículos transportadores de los residuos y los accidentes provocados por los mismos en el corregimiento, así como las denuncias de contaminación a las fuentes hídricas.

Lea aquí el desarrollo de El Guacal http://www.ciudadsur.co/?s=el+guacal

Ante esto, la Corporación anunció que convocará a una mesa de trabajo a las entidades implicadas para armonizar el cumplimiento de lo dispuesto en el fallo, atendiendo las condiciones actuales del relleno sanitario.

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