Chimeneas en Itagüí, ¿un problema sin fin?

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La calidad del aire por estos días en el Valle de Aburrá sigue siendo compleja, la región atraviesa un nuevo periodo crítico por los niveles de contaminación que afecta la salud de sus habitantes. Las estaciones que miden las partículas PM 2.5 fluctúan entre niveles amarillo y naranja debido a las condiciones climáticas, pero especialmente por las emisiones contaminantes.

POR ALEJANDRO CALLE CARDONA | MARZO 20 2019

Una de esas causas, además de los vehículos que generan el 80% de la contaminación, es la industria que produce el 20%. En el sur del Valle de Aburrá, la comunidad ha denunciado casos en Envigado, La Estrella y Caldas, pero la situación más crítica es en el sector de El Ajizal, zona rural de Itagüí.

Allí están asentadas 23 industrias dedicadas en mayor o menor escala a la producción alfarera, es decir a la fabricación de tejas y ladrillos. Desde 2014 CIUDAD SUR ha publicado historias y denuncias  que reflejan lo que padecen centenares de familias que soportan todos los días del año los gases emitidos por estas empresas y que se hace más crítica y visible por estos días.

“¿Para qué las medidas de pico y placa por contingencia ambiental y no hacen algo con las ladrilleras? ¿Para qué la tecnología si no se aprovecha en estas empresas que contaminan todos los días? Necesitamos tecnología limpia con urgencia”, refutó Marcela Restrepo, habitante y líder del sector.

AUTORIDADES RESPONDEN

De manera sorpresiva, el alcalde de Itagüí, León Mario Bedoya, durante la presentación de su informe de gestión ante el Concejo Municipal, pidió perdón a los habitantes de este sector. “Hay una dificultad en la ciudad por la concurrencia de unidades residenciales con la industria alfarera. Estamos buscando que haya una tecnología limpia, pero ofrecemos disculpas a la comunidad porque no es un tema fácil”, dijo el mandatario local.

¿Pero cuáles son los controles? Según información de Corantioquia, entidad ambiental responsable de las zonas rurales en el Valle de Aburrá, de las 23 empresas dedicadas a esta actividad, a 13 se les adelanta actualmente proceso sancionatorio por presuntas infracciones ambientales.

“Las consecuencias de estos procesos pueden ser la suspensión definitiva de las actividades o multas, o ambas, dependiendo de las medidas que las empresas adoptan para corregir los problemas y la disposición que tengan de hacerlo. Por ejemplo, puede que no estén cumpliendo, pero que hagan los ajustes, o no cumplir y llegar al cierre definitivo”, explicó, Adán Vásquez Tamayo, jefe Territorial Aburrá Sur de Corantioquia.

Las chimeneas y el calvario de Matías

Según el funcionario, hay once empresas legalmente constituidas en el sector con las autorizaciones ambientales y a las que se les adelanta control de las emisiones de acuerdo con los límites que permite la norma. “No cualquier emisión de humo a la atmósfera contiene las sustancias que se pretenden controlar en materia de contaminación del aire. Por eso no tenemos fundamento legal para suspenderles las actividades cuando sus emisiones no trasgreden los límites”, aclaró.

Sin embargo, Corantioquia reconoce que algunas empresas sí incumplen con la normatividad, pero al momento de hacer la verificación ya no encuentran rastro, por lo que le piden a las autoridades municipales tomar las evidencias necesarias. “Algunas empresas han reportado contingencias que han generado emisiones por encima de los estándares, pero tenemos el enorme inconveniente de que para cuando nosotros llegamos las empresas han corregido el problema, y nos quedamos sin elementos como la prueba técnica”, expresó Vásquez Tamayo.

No obstante, las industrias provocan la llegada y salida de volquetas y camiones para recoger los ladrillos y tejas. Dichos vehículos también son alta contaminantes y generan el 59% de las partículas nocivas para la salud.

“LADRILLO ITAGÜÍ”

El Plan de Ordenamiento Territorial de 2007 permitió la expansión urbanística en este sector rural, lo que ocasionó a llegada de nuevas unidades residenciales cerca de las ladrilleras, donde curiosamente también funciona la sede de la Secretaría de Medio Ambiente. Mientras muchos de los antiguos habitantes dependen de esta actividad económica, los nuevos piden que las empresas abandonen el territorio. Algo que parece complejo.

Ante esto, el Jefe Territorial del Aburrá Sur de Corantioquia explicó que solo el Municipio de Itagüí tiene la facultad para modificar y corregir esta problemática a través del POT que tendrá que ser aprobado finalizando este año. Sin embargo, a pesar de reconocer el problema, la Alcaldía busca fortalecer el sector y convertirlo en un referente económico a nivel nacional.

Queremos que la industria del ladrillo de Itagüí se consoliden como sector económico fuerte del país, que así como se habla de bocadillo veleño se hable de ladrillo Itagüí. Pero tenemos que ser exigentes para que las empresas cumplan todas las condiciones de una producción limpia”, expresó el secretario Jurídico de Itagüí, Óscar Muñoz.

Mientras esto se cumple, los habitantes del sector tendrán que seguir conviviendo con las cortinas de humo gris o negras, el fuerte olor a azufre y el hollín que llega a sus casas y pulmones. El mismo que ha generado enfermedades en sus residentes, especialmente en los más pequeños.

 

OPINIÓN

Es claro que para Itagüí, las chimeneas de las ladrilleras son una fuente muy grave de emisiones, y para el Valle de Aburrá. Estas industrias utilizan carbón y otros materiales para sus hornos y este hollín, como ha quedado evidenciado, es perjudicial para la salud y el medio ambiente. Es cierto que ellos, las ladrilleras, han estado acá desde hace mucho tiempo y que podrían tener unos derechos adquiridos para su actividad, pero también es cierto que el modelo de ocupación del territorio ha llevado a que se convine la actividad industrial con el uso residencial sin tomarse las debidas medidas de dispersión atmosférica o de transformación tecnológica para que esta convivencia obligada pueda ser llevadera.

Entonces reconocemos un conflicto por estar en territorio que ha sido avalado por la institucionalidad y la ambición de los constructores, como el caso de Ciudadela y Laureles del Valle, dos urbanizaciones con cientos de familias que quedaron rodeadas de estas empresas que deben convivir a diario con estas emisiones en frente de sus viviendas y para este caso, ambos usos están en el mismo polígono de la “zona de expansión urbana” determinado en el POT, convivencia que se hace imposible por las graves afectaciones a la salud, como ya se ha documentado, en especial en el caso de niños gravemente afectados. ¿Quién permitió esta “convivencia obligada”? Y ¿cuál es la responsabilidad del Estado por ello? Son decisiones institucionales las que llevaron a que estos dos usos, residencial e industrial deban convivir a metros, convivencia que no es posible.

Y entre tanto, cada día, cada hora, cada minuto estos habitantes están emanado hollín directo de estas fuentes; el tiempo no da espera, incluso ya puede ser muy tarde para muchas personas.

POR: Edwin Bermúdez, director Corporación CIPAS