Iván Duque: un gobierno en busca de país

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Tras cuatro meses en la Casa de Nariño, el gobierno de Iván Duque Márquez tiene más enemigos que partido, más intentos que proyectos, más caricaturas que fotos y todavía no encuentra al país que debe dirigir. Como si fuera poco solo el 27,2 % de los colombianos aprueba su gestión y el 64,8% la desaprueba.

POR OCTAVIO GÓMEZ V.

Ni el rescate de un niño secuestrado en la región del Catatumbo, oriente de Colombia, pudo darle un respiro, un aire de tranquilidad, un minuto de alegría al gobierno del presidente Iván Duque Márquez. En sus cuatro (para muchos largos) meses de gobierno no ha podido presentar su proyecto de país ni su plan de desarrollo ni su reforma tributaria ni su proceso de paz.

Ni su partido, el Centro Democrático ni la coalición que lo llevó al poder (los partidos Liberal, Conservador, Cambio Radical, La U, parte del Verde y los cristianos) lo han respaldado ¡y ni su gabinete lo llama “presidente Duque” en público: todavía hablan del “presidente Uribe”.

Los hechos y la falta de hechos han ido arrinconando al mandatario, cuya hoja de vida como candidato mostraba logros académicos discutibles, una relativamente corta carrera política, pero, sobre todo, una inexcusable falta de experiencia, tanto en la administración pública como en la compleja faena de los corredores y los despachos del poder.

 

¿CUEVA DE MONTESINOS?

El primer gran problema de Duque al arribar a su nuevo despacho en la carrera séptima fueron las compañías que recibió para vencer a su rival de la segunda vuelta presidencial: los derrotados Vargas Lleras, el partido Liberal y muchos simpatizantes de Sergio Fajardo.

Ya había recibido, con los brazos abiertos a los siempre derrotados conservadores: Andrés Pastrana (en nuevo concierto con Álvaro Uribe), Marta Lucía Ramírez y el destituido procurador Alejandro Ordóñez.

A eso hay que agregar al “santismo sin Santos”, es decir, al partido de la U que, por parecerse más a la derecha que a Petro, terminó pidiendo puesto en el bus de la segura victoria.

Pero todo esto era materia sabida antes de la elección de junio. ¿Qué podía pasar a partir del 7 de agosto? Que el nuevo Gobierno tenía que empezar a “cuadrar caja” con toda esa gente, la misma que arrastra el lastre de la corrupción: todo el establecimiento, tan odiado y criticado, incluso por gente que vota por las derechas.

 

PUESTOS

Los puestos estratégicos en el mandato de Duque (no podía ser de otra manera) se los reservó su mentor y nominador: el senador Álvaro Uribe puso los ministerios de Hacienda (Alberto Carrasquilla), Defensa (Guillermo Botero) y de Exteriores (Carlos Holmes Trujillo). El resto fueron nominaciones de repartija (incluso el de Justicia para la sombra de Uribe, su secretaria Alicia Arango).

La larga lista de Excel que debería completar fueron las recompensas de campaña y así la embajada en la OEA se la dio a Ordoñez, los cristianos y liberales recibieron la embajada en París con Viviane Morales y los gaviristas, la de El Cairo. Pero todos quedaron pidiendo más: el propio Centro Democrático -siempre hablando a través de terceros y nunca por boca de su líder – pidió el relevo inmediato de la cúpula militar por oficiales de confianza de esa colectividad y, en la última semana de noviembre, se escucharon nuevos reclamos por más puestos en el Ejecutivo central. O, como ellos mismos lo llamaron en el gobierno anterior, más mermelada.

 

PROYECTOS

El primer reto administrativo de Duque era lograr un aumento en el presupuesto de 2019, para lo cual presentó lo que llamó un “proyecto de ley de financiamiento”, eufemismo para lo que en realidad es una reforma tributaria. Que el déficit fiscal a cubrir eran 25 billones con lo cual se requería ampliar la base tributaria -cobrarles más impuestos a más personas- y reducir los impuestos corporativos con la promesa de que los ahorros así logrados por los grandes capitales se convertirían en empleos nuevos.

Ampliar la base tributaria, en plata blanca, es extender el IVA a bienes y servicios antes no gravados, es decir, los productos básicos de la canasta familia y crear o aumentar ese impuesto para bienes y servicios no gravados o poco gravados, como a la venta de inmuebles usados o los servicios funerarios, así como el cobro de retención en la fuente a personas con ingresos de 2 millones de pesos y a las pensiones de los jubilados.

La estrategia pudo ser tratar de lograr una mayoría disciplinada y avasalladora en el Congreso para tramitar la reforma, así como contar con el papel disuasivo de los medios de comunicación corporativos, tan afectos a vivir “lunas de miel” con el poder.

 

SIN ALIADOS Y CON PROTESTAS

Con lo que no contaba el Gobierno -y mucho menos un presidente sin experiencia en manejo de crisis- era que la resistencia frente a la reforma se le iba a salir a las calles. Por cuenta del anunciado desfinanciamiento de la educación superior estatal, los estudiantes universitarios se lanzaron a la protesta pública, en un movimiento apenas parecido al que Santos enfrentó en 2011 y 2016 y que, por el torpe manejo gubernamental terminó convirtiendo a los estudiantes en un nuevo acto político, por un lado, y criminalizando la protesta en los medios de comunicación, por el otro.

A diferencia de aquellos, en los cuales el Gobierno pactó -aunque no cumpliera- el de Duque anunció que no negociará mientras el movimiento de protesta se mantenga. Y ellos se mantienen.

Al clima de animadversión contra la reforma se sumó el primer escándalo del gobierno: se acusó al Ministro de Hacienda de haberse beneficiado de la negociación de bonos de deuda pública de 117 municipios durante el mandato de Uribe Vélez. El Gobierno y el Congreso resistieron con cierta facilidad el embate -incluida una moción de censura contra el funcionario- pero la batalla les costó tener que empezar a retirar propuestas de la reforma. Sin embargo, hasta el cierre de la presente edición, los voceros de Duque siguen sosteniendo que con la ley de financiamiento “no hay plan B”.

 

LA FISCALÍA Y LOS SIETE ENANITOS

Conforme fueron avanzando los primeros tres meses, al mustio mandato de Duque se le fueron arrimando situaciones entre grotescas y cómicas: cuando los estudiantes pedían audiencias con el mandatario, él prefería recibir a un cantante de reguetón, cuando la discusión de la reforma tributaria se volvía álgida él volaba a Roma con toda su familia y amigos a saludar al papa Francisco y cuando se destapó el escándalo por las muertes de dos personas vinculadas al escándalo de corrupción de Odebrecht, Duque ofrecía a los siete enanitos del cuento de Blanca Nieves como la metáfora de su todavía desconocida propuesta de la “economía naranja”.

El ingeniero Jorge Enrique Pizano había denunciado, en su calidad de auditor de las obras de la Ruta del Sol II, en 2015, irregularidades en la ejecución de los contratos del consorcio que formaban Odebrecht Construcioes Inmobiliarias y Corficolombiana (Grupo Aval, del banquero Luis Carlos Sarmiento Angulo), a su amigo y abogado de la firma nacional, el actual fiscal General, Néstor Humberto Martínez Neira.

Aunque las denuncias de Pizano nunca fueron oídas formalmente, en Colombia se inició un proceso penal contra el consorcio por pagos hechos (y aceptados ante un juez) al ex viceministro de Transportes del gobierno Uribe, Gabriel García Morales, ya condenado a cinco años de prisión.

Pizano, sin embargo, era parte en un proceso en su contra por denuncias durante su gestión como gerente de la Empresa de Acueducto de Bogotá en la primera alcaldía de Enrique Peñalosa. El ingeniero, aquejado de un cáncer linfático terminal, le entregó una documentación a la prensa para que fuera publicada en caso de que muriera o de que la justicia de Estados Unidos le recibiera una versión de los hechos de Odebrecht en Colombia (la justicia de ese país ha hecho doctrina de la teoría de que todo delito cometido en dólares de EUA les compete).

Pizano murió y las grabaciones que involucran al actual Fiscal fueron publicadas. Antes de que su contenido se conociera, un hijo del ingeniero murió envenenado en su propia residencia y las especulaciones se tornaron en tormenta pública.

El fiscal Martínez se defendió a plenitud en los medios de comunicación que nunca desprecian espacios amplios con el jefe de la policía judicial colombiana y sin haber terminado su periplo mediático, el presidente Duque le ofreció su pleno respaldo. Es natural: el nombre de Iván Duque aparece en los pagos hechos por la firma brasileña en 2014 a la campaña Zuluaga Presidente.

Denunciado en la Cámara de Representantes, -el juez natural del Fiscal- las mayorías gubernamentales cerraron filas a su alrededor y designaron como investigador a un representante uribista.

Respaldando al cuestionado funcionario, en medio de la dificultad para negociar el proyecto de reforma tributaria, el Gobierno quedó preso de la voracidad de sus aliados: también avanza en las cámaras legislativas una reforma constitucional -otra llamada “reforma política”- en la cual se comprometió a darles el manejo a los congresistas del 20% anual del presupuesto, es decir, el regreso de los odiados “auxilios parlamentarios”.

Para complicar más la precaria posición del mandatario, su patronato, la bancada del CD que encabeza Álvaro Uribe terminó noviembre llamando a una reflexión para “enderezar” el camino, la ruta que el propio senador le trazó.

Tal vez las fiestas de fin de año le den un respiro, pero el clima no trae buenos augurios para un presidente que todavía no encuentra el país que debe gobernar.