El próximo 11 de marzo el país vivirá una nueva jornada electoral, en un año crucial, donde también se elegirá el nuevo presidente de la República. El primer turno será para el Congreso conformado por Senado y Cámara de Representantes, que será definitivo para la composición de ambas cámaras de cara a garantizar o impedir la gobernabilidad del próximo inquilino de la Casa de Nariño.

Allí se medirán las fuerzas las diferentes colectividades y tendencias políticas: la derecha, la izquierda, los que se hacen llamar de centro y los que de manera estratégica no se definen por ninguna línea. Pero como si fuera poco, aparece en el espectro político el movimiento Farc que surgió tras la desmovilización de la guerrilla con el mismo nombre una vez finalizado el proceso de paz en la Habana, Cuba.

Para muchos, el mejor camino para vencer el conflicto armado y garantizar la participación político, pero para otro una agresión a la institucionalidad y al país al pretender llegar al capitolio sin haber terminado su proceso en la Justicia Especial para la Paz y dar cuenta de las atrocidades de la guerra.

Estamos en medio de un proceso interesante por la diversidad de pensamientos y partidos políticos, pero altamente riesgoso en medio de los continuos asesinatos de líderes sociales -Antioquia es el departamento más peligroso para ellos-, la presencia de bandas criminales que podrían ejercer presión e influir en los resultados, así como la inscripción masiva de cédulas en poblaciones que se convierten en estratégicas.

La Misión de Observación Electoral pone la lupa en Antioquia en esos dos aspectos críticos. En enero alertó sobre la tasa de inscripción de cédulas en varios municipios del Urabá como Vigía del Fuerte, pero también en Sabaneta y La Estrella, ambos del sur del Valle de Aburrá. Mientras que en el país la tasa de inscripción es de 30 por cada mil habitantes, en La Estrella es de 100 y Sabaneta de 150.

En ambos municipios explicaron que el número de pobladores está incrementando en los últimos años y por el ende los potenciales electores. Sin embargo, el alcalde Iván Montoya, reconoció que a la sede de la Registraduría de Sabaneta llegan a diario decenas de personas a inscribir se cédula, muchos de ellos no habitan en este municipio.

Por ello manifestó su preocupación por que esto podría representar un problema incluso para las elecciones de alcalde y gobernador en menos de dos años. Es decir, sectores políticos podrían aprovechar estas elecciones para garantizar resultados en las locales que se adelantarán en octubre de 2018.

El segundo aspecto, igual de preocupante, es que 35 municipios de nuestro departamento están en riesgo electoral por cuenta de la violencia y el fraude, siendo los de máxima alerta Anzá, Briceño, Cáceres, Ituango, Murindó, Remedios, Tarazá y Valdivia. Sin embargo, el que más llama la atención es Medellín, producto de la lucha entre bandas criminales en la mayoría de comunas

Verónica Tabares, coordinadora de la Misión de Observación Electoral en Antioquia, llamó la atención de las autoridades para que, junto con la Defensoría del Pueblo y la Organización Nacional Electoral, tomen medidas que ayuden a mitigar el riesgo en estas poblaciones. Sin embargo y de manera prematura, el gobernador Luis Pérez Gutiérrez aseguró que la seguridad está garantizada, quizá desconociendo las alertas de la MOE y la incidencia de las estructuras criminales.

Es urgente que se conozcan los planes para evitar que una vez más los armados influyan en las urnas, que sumados a los corruptos, que llenan las calles de publicidad, prometen lo incumplible y compran votos, quieren llegar nuevamente al Senado para legislar a su beneficio.

Por ello también está en manos de nosotros, los ciudadanos, denunciar cualquier tipo de fraude en la página web www.pilasconelvoto.com, pero sobretodo castigarlos con el no voto y frenar definitivamente con este círculo vicioso que carcome la política colombiana.

Foto: MOE y Viva La Ciudadanía