En la pasada edición del mes de agosto, nuestro equipo periodístico realizó una investigación sobre una tala de árboles de un bosque primario que se encuentra ubicado  en el municipio de Caldas, exactamente en el Centro de los Recursos Naturales Renovables, La Salada del SENA Regional Antioquia, y por lo cual según expertos técnicos de la misma Entidad manifestaron que el hecho  fue  injustificado.

REDACCIÓN CIUDAD SUR

La invitación pública del SENA buscaba la atención inmediata de un foco fitosanitario en dicho bosque e invitaban al contratista a vender la madera talada a precios del mercado. Lo ilógico del caso es que se establece una invitación donde el ganador obtenía beneficios por el corte de los árboles enfermos y por su  misma venta.

Expertos aseguran que el ideal del negocio o contrato por parte del SENA era realizar una invitación pública donde se manifestara al ganador que su beneficio saldría solo de la venta de la madera y establecer un contrato para que ambas partes obtuvieran ganancias no dándole la gabela de ambas acciones como se realizó. Leer “Desidia ante tala del bosque en el Sena de Caldas”.

Dado el interés del tema y el impacto ambiental generado no solo en la zona de influencia sino por el erróneo mensaje que una Entidad educativa le brindó a sus aprendices y a los mismos ambientalistas, nos dimos a la tarea de solicitar a través de un Derecho de Petición, la ampliación de los vacíos que se presentaron en el contrato que se realizó para “Desarrollar las operaciones forestales de extracción y su nueva cosecha del Centro de los Recursos Naturales Renovables, La Salada”.

En primer lugar es preciso anotar que el ganador del contrato fue la empresa PROMADEFORES S.A.S la misma que estafó al SENA a través del señor  Walther Darío García Vanegas, representante legal.

Estafa al SENA porque la empresa debía cancelar fruto de la venta de la madera cortada y según el contrato el valor de  $64.000.000 correspondiente a los precios del mercado un porcentaje al SENA y no lo hizo. “El contratista dispuso de vehículos para sacar la madera en zonas diferentes a la portería principal lo que impidió un control de lo extraído y determinar según el inventario forestal de más de 200 millones de pesos”, precisó uno de los trabajadores oficiales del Centro de los Recursos Naturales Renovables, La Salada.

Sumado a lo anterior, no hubo un control rígido por parte del SENA que determinara la real y verdadera madera que debía extraer el contratista. Solo debía sacar la que tenían problemas fitosanitarios y PROMADEFORES S.A.S fue más allá extrayendo especies que no tenían este tipo de problema pero que si era apta para el mercado.

Es tal el robo y estafa, que lo mismo se pudo evidenciar a través de la denuncia penal que instauró la psicóloga María Mercedes Vélez Sánchez, subdirectora del Centro de los Recursos Naturales Renovables La Salada, a la Fiscalía municipal de Caldas con radicado SENA Nro.2-2016-001446 del 27 de julio del 2016.

Lo que llama la atención es que la denuncia penal fue instaurada siete meses después de  haberse conocido que el cheque AF523556 por un valor de $10.865.640 había rebotado por fondos insuficientes. El documento  girado al SENA por parte del contratista y que hacía parte de lo estipulado en el contrato por la venta de la madera de extracción que realizó la empresa PROMADEFORES S.A. en los predios del Centro de la Salada, tenía fecha del 22 de diciembre de 2015.

Pero no solo la estafa al SENA se evidenció en este contrato, la ambigüedad y la falta de claridad a la respuesta del Derecho de Petición presentada por la señora María Mercedes Vélez Sánchez es tal que incumple con la Sentencia T-867/13 de la Honorable Corte Constitucional que indica que en EL DERECHO DE PETICIÓN Y EL DERECHO A LO PEDIDO-Diferencias deben darse sin confusiones ni ambigüedades y en la que exista concordancia entre lo solicitado en la petición y lo resuelto en ésta, independientemente de que acceda o no a las pretensiones, pues no es mandatario que la administración reconozca lo pedido.

Esto se pudo constatar en el momento que se solicitó el plan avalado o aceptado por el SENA al oferente PROMADEFORES para el cumplimiento con las normas de seguridad y salud ocupacional requeridas. La subdirectora de la Salada en el Derecho de Petición solo se limitó a presentar informes posteriores de las acciones que se realizaron durante el desarrollo del contrato. En ningún momento el contratista presentó un plan, lo cual lo inhabilitaba para contratar.

Tampoco se evidencia debidamente registrado y radicado el plan donde el SENA le acepte al oferente la manera en que abordaría las buenas prácticas ambientales de acuerdo al plan de manejo ambiental que se establezca para la recuperación de suelos según se indicó y se solicitó en la invitación pública. Los informes de este punto son presentados sin radicado alguno lo que evidencia que fueron elaborados con posterioridad.

Es tal la ambigüedad en las respuestas por parte de la subdirectora Vélez Sánchez  que ante la solicitud que pidió el SENA en la invitación pública sobre  la necesidad del oferente para poder participar como contratista,  debía garantizar la posesión de la maquinaria adecuada como son los carros Koller, tractores, grúas y demás tal cual se indicó y solicitó, respondió escuetamente lo siguiente:

“Por las condiciones del terreno y para evitar posibles daños ambientales, no se utilizó, durante la ejecución del contrato, ningún tipo de maquinaria, y, en cambio, se determinó hacer uso de transporte animal. Por esta razón no aparece en el expediente garantía para la posesión de maquinaria”.

Si los expertos técnicos del área forestal del SENA que conocen el terreno y que hicieron parte del acompañamiento del proceso sabían de los posibles daños ambientales si se utilizaba maquinaria, ¿por qué en la invitación pública lo determinan como requisito? ¿No hubo una visita previa al terreno? ¿Cuántas personas o empresas dejaron de participar en esta licitación por carecer con este requisito?

Según la respuesta del Derecho de Petición (el cual no le copia a la Directora General del SENA, María Andrea Nieto a quien se le dirigió el mismo) “a la fecha no se ha realizado el cierre ni liquidación del contrato, pues está pendiente un pago por valor de diez millones ochocientos sesenta y cinco mil pesos cuarenta pesos ($10.865.640)”. Según versa la Ley colombiana el incumplimiento de un contratista con el estado da lugar a la caducidad del contrato y a imponer sanciones

Ahora los trabajadores que han puesto en conocimiento las denuncias del arboricidio e irregularidades en el contrato, solo esperan que la  Contraloría y la Procuraduría General de la Nación ejerzan sus funciones y determinen los responsables de esta gran polémica al interior del Sena, una más que se suma a las ya reveladas de corrupción en el ámbito nacional.

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